Según un relevamiento de MacroData, entre enero y junio, las transferencias a las universidades cayeron un 32,8 por ciento en comparación con el mismo período del 2023.
La motosierra del Gobierno de Javier Milei profundiza su accionar contra las universidades públicas nacionales, entre las que se encuentra la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Esto empeora un escenario que ya era complejo, ya que las casas de altos estudios se estaban manteniendo con el presupuesto de septiembre del 2022.
En tiempos en que ciertos sectores plantean para qué sirve la educación y la universidad pública, desde las Casas de Altos Estudios resaltan el rol fundamental que ejercen a la hora de generar y socializar conocimientos. Del mismo modo, la universidad es el ámbito donde se generan debates y convergen distintas opiniones. El debate enriquece y es la base de la República, con el desafío de construir consensos.
En este marco, contar con docentes calificados y especializados eleva la calidad de la educación y contribuye a formar nuevas generaciones de profesionales que ejercerán en distintas ramas del conocimiento de cara a la comunidad.
Pero la situación en el sector educativo se agrava por el doble desfinanciamiento del Gobierno nacional. Porque, por un lado, no gira los fondos para que se puedan pagar los servicios y mantener la infraestructura. Y, por otro, continúan congelados los salarios de sus trabajadores, lo que representa más del 87 por ciento del presupuesto total de las universidades.
Los números del desfinanciamiento
Según un relevamiento de MacroData, entre enero y junio, las transferencias a las universidades cayeron un 32,8 por ciento en comparación con el mismo período del 2023. Además, el crédito pagado representaba el 73 por ciento del devengado, es decir, existen atrasos del 27 por ciento, sobre todo, en junio.
Asimismo, en junio, los salarios de los trabajadores docentes y no docentes perdieron un 45 por ciento en su capacidad de compra en la medición interanual. En esa línea, este mes, el Gobierno otorgó un aumento del 7,5 por ciento a los docentes nacionales, frente a una inflación que, en el período, fue de hasta cinco veces mayor.
En ese sentido, la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) rechazó la oferta salarial del Gobierno nacional, a la que calificó como “insuficiente”. Porque la gestión libertaria propuso un salario mínimo para julio de 420.000 pesos, lo que no cubre ni siquiera la canasta básica. A esto se suma el recorte en el presupuesto.
Carreras estratégicas y manifestación
Vale destacar que las universidades públicas son las instituciones que más invierten en carreras estratégicas para el país. En efecto, estudiaron y salieron de las casas de altos estudios el 77 por ciento de los médicos, el 97 de los físicos y los matemáticos, el 90 de los odontólogos y el 91 de los veterinarios.
Por esto, en marzo, las universidades públicas lanzaron una campaña para advertir que peligraba su funcionamiento si no se modificaba la partida de recursos del Estado nacional, situación que parece estar lejos de mejorar. A la multitudinaria convocatoria, adhirió una importantísima porción de la sociedad en defensa de la educación pública.
La situación en la UNLaM
Con propuestas gubernamentales de aumentos que no cubren la canasta básica alimentaria, en la Universidad Nacional de La Matanza, el salario del 45 por ciento de los docentes está por debajo de la línea de la pobreza.
Por otra parte, en el mes de septiembre, se presentará el presupuesto para 2025 que deberá incluir, para compensar el presupuesto perdido como consecuencia de la no actualización y la devaluación, un mínimo del 50 por ciento por encima de lo proyectado inicialmente.
